Ante las reacciones destempladas de la oposición
política venezolana, así como de la mayoría de la derecha latinoamericana y de
sectores desinformados, pero interesados en atacar al Gobierno de Venezuela, que no se
detienen en su ímpetu para acusar
livianamente al Gobierno Bolivariano de haber perpetrado un “Golpe de Estado
Institucional”, es necesario aclarar las circunstancias en que se ha producido
esta crisis artificial.
Si algo ha caracterizado a la Revolución Bolivariana, es haberse mantenido siempre en los cauces
institucionales y democráticos, justamente para no abrir flancos en que la
derecha y el intervencionismo extranjero pudieran acusarla. La Constitución
Venezolana una de las más avanzadas de América Latina nunca ha sido vulnerada por
el actual Gobierno.
Esta Constitución democrática establece con precisión las funciones de todos los poderes del Estado. En la carta magna, se consigna que el órgano
contralor y máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo.
En la actual crisis que ha
provocado la oposición, de forma
consciente y premeditada, quien ha actuado bajo la estricta norma
constitucional, es precisamente la Sala Constitucional, órgano de donde han emanado las sentencias controvertidas
respecto de la Asamblea Nacional.
Como es sabido en las últimas
elecciones parlamentarias, la oposición ganó una mayoría de los miembros de la
Asamblea Nacional. Esta circunstancia que debiera ser normal en una democracia,
en Venezuela sirvió para que la derecha opositora se parapetara en el
Parlamento como en su coto de caza, para promover desde allí toda clase de
acciones políticas destinas a desestabilizar al Gobierno de la República. El desacato a las actuales sentencias del Tribunal
Supremo, son parte de esas acciones desestabilizadoras.
En este contexto la Asamblea
Nacional ha abusado en sus funciones, ha
utilizado el poder en forma arbitraria generando
continuos altercados con el Poder Ejecutivo. Dentro de esta conducta, se enmarca el hecho
que la Asamblea incorporara a tres candidatos al parlamento que tenían
acusaciones de fraude, por lo cual estaban legalmente impedidos de jurar. Esta
acción es una provocación consciente y
deliberada ya que sabían cabalmente que
estaban actuando en contra de las normas legales.
El Tribunal Supremo en reiteradas
ocasiones le hace ver esa situación solicitándoles que anulen esa medida arbitraria.
Sin embargo persisten en su conducta rebelde, frente a lo cual, desde el mes de
enero de 2017 la Asamblea Nacional se ha declarado en rebeldía absoluta.
Frente a esta actitud pertinaz la
Sala Constitucional dicta la sentencia conocida
la cual solo procura preservar el Estado de Derecho frente a un poder del Estado
que hacer caso omiso de las órdenes del Tribunal Supremo y busca abiertamente crear conflictos con los
otros poderes públicos.
En la última sentencia la Sala
Constitucional se ha determinado, que temporalmente hasta que el Poder Legislativo recobre la estabilidad, y cumpla con las sentencias judiciales, algunas
de sus funciones, las que son
absolutamente esenciales para el normal ejercicio del Estado, serán asumidas
por el Tribunal Supremo.
Por tanto la solución del
conflicto, no depende del poder Ejecutivo ni del Tribunal Supremo, sino
únicamente de la Asamblea Nacional, en otras palabras de la oposición de
derecha al actual Gobierno y que tiene
la mayoría en el Parlamento.
Está claro que las responsabilidades
parlamentarias se infringen por omisión o por maniobras que violentan el Estado
de Derecho. La actual sentencia de la Sala Constitucional procura
cumplir con las funciones que por desatención imposibilitan el normal funcionamiento del Estado, entre otras
de vital relevancia como es la aprobación de las inversiones petroleras con compañías privadas
para lo cual es necesario un protocolo que debe ser sancionado conjuntamente
por ambos poderes, ejecutivo y legislativo. Situación que notoriamente en estas
circunstancias no se cumple.
Es fundamental que la opinión
pública de la Región, comprenda que la Constitución
venezolana, bajo ninguna circunstancia ha sido violentada. La Asamblea Nacional
no ha sido disuelta como es el engaño que se ha propalado mañosamente por los
medios de comunicación.
En Venezuela en estas circunstancias existe plano
respeto a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho y a la plena garantía de
los Derechos Humanos. En Venezuela existe
plena libertad de información y de expresión, la participación política es plural y está garantizada, los partidos políticos funcionan normalmente y existe libre acceso a la justicia. Venezuela en ningún momento y bajo ninguna circunstancia
ha quebrantado la Carta Democrática de la OEA.
Ronald Wilson
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